El Gobierno de España ha aprobado un total de 50 millones de euros en Planes de Empleo para los municipios afectados por la DANA. Entre ellos, dos municipios de Castilla-La Mancha: Letur, que recibirá un total de 775.942,17 euros, y Mira, que contará con un importe de 737.835,41 euros.
En concreto, el Consejo de Ministros impulsa un plan de empleo para la recuperación de los daños causados por la DANA en los municipios más afectados (75 de la Comunitat Valenciana, 2 de Castilla-La Mancha y 1 de Andalucía). El plan, diseñado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, reparte 50 millones de euros entre esos municipios para la contratación de personas que no pueden desempeñar su trabajo por culpa de la DANA y para el refuerzo de las labores de construcción de esas zonas.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha enmarcado el plan en la nueva Ley de Empleo y ha agradecido la colaboración de los municipios y los agentes sociales. Las zonas beneficiadas suman más de un millón de personas y representan en torno a un tercio del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Valenciana y un cuarto de la población trabajadora de la región. La vicepresidenta ha explicado que el plan se adapta a la singularidad de esas localidades, cuya actividad mercantil y productiva se centra en el comercio al por menor, la agricultura, el caucho y los plásticos, la construcción y la industria de la alimentación.
El principal criterio para repartir los fondos son las necesidades de cada municipio para reparar los daños. En la distribución también se han tenido en cuenta otros criterios como la población y el paro registrado. Los ayuntamientos se encargarán de la selección de las personas contratadas, con las competencias y los datos de los servicios públicos de empleo de la Generalitat Valenciana.
El proceso se articulará a través del contrato de activación para el empleo, con una duración de entre 3 y 6 meses. Yolanda Díaz ha destacado que el plan se dirige de manera especial a dos colectivos, en coherencia con las políticas aprobadas en la Conferencia Sectorial de Empleo para el conjunto del país: las personas mayores de 52 años y los jóvenes menores de 30.
