El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido un modelo de financiación autonómica que debe ser «único para todas las comunidades autónomas de régimen común». En este sentido, ha propuesto que el reparto de los recursos asegure la «igualdad» en la financiación por habitante ajustado, de modo que, con este principio, ya no sea necesario hablar de ordinalidad ni de que las comunidades con mayor capacidad fiscal tengan derecho a mejores servicios públicos.
Durante la XXVII Conferencia de Presidentes, celebrada en Santander y en la que participa el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha subrayado que, conforme a la Constitución Española, «solo existen dos regímenes distintos» en materia de financiación: los de País Vasco y Navarra. Asimismo, recordó que la Carta Magna «no contempla un tercer régimen como el que se propone para Cataluña».
La igualdad como base
En este sentido, ha indicado que el presidente García-Page va a exponer en este encuentro un modelo para Castilla-La Mancha que garantice la “igualdad de derechos de todos los españoles a los servicios públicos fundamentales”.
Por eso, ha señalado que “es contradictorio hablar de un modelo singular para Cataluña, sin tener en cuenta las singularidades que tenemos todas las comunidades autónomas a la hora de prestar los servicios públicos que son de nuestra competencia”, siendo importante, como ha continuado, ponerse de acuerdo en determinar esas variables, como superficie, pirámide poblacional y dispersión y sus ponderaciones, entre otras, que mejor determinen el coste que supone a las comunidades autónomas prestar esos servicios.
Por otro lado, el titular de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha recordado que los impuestos los pagamos en función de nuestra capacidad económica y se distribuyen para compensar a aquellas comunidades autónomas que tienen menor capacidad. De este modo, Ruiz Molina se ha referido a la necesidad de hablar de “redistribución” y no de solidaridad cuando hablamos de financiación autonómica, ya que se trata de la distribución de la riqueza y renta que “nos pertenece a todos y ese es el objetivo marcado por la propia Constitución”.
Diez medidas en materia de vivienda
Por su parte, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha defendido un nuevo pacto de Estado en materia de vivienda en el que se incluya una profunda reflexión sobre la actual Ley de Vivienda que “creemos que es mejorable y que debe aunar un mayor consenso”, ya que, ha puntualizado, “los grupos parlamentarios que aprobaron la vivienda hace un año, ni siquiera obtendrían hoy una mayoría en el Congreso de los Diputados”.
En este sentido, ha considerado que “las mejoras que se puedan introducir tienen que venir de la mano de un enorme consenso y eso debe materializarse a través de un Pacto de Estado” y que “la vivienda supone un reto lo suficientemente importante en nuestro país como para que se equipare a la necesidad de llegar a importantes acuerdos”.
Nacho Hernando ha enumerado las propuestas que Castilla-La Mancha ha hecho en materia de vivienda como “la mayor disponibilidad de suelo, tanto público como privado, para poder afrontar ese esfuerzo necesario para mayor oferta de vivienda; la agilización de los trámites y de las licencias municipales para poder ahorrar también tiempo en esa gestión; soluciones ante la falta de mano de obra en el sector, como puede ser la apuesta por la industrialización; y también facilidades en la financiación, con una serie de medidas que planteamos a través del ICO”. Además, ha explicado que “hemos planteado de manera pormenorizada en un anexo los doce programas que consideramos que tendría que haber en el nuevo Plan Estatal de Vivienda”.
Asimismo, ha explicado que “plantemos también mecanismos de colaboración público-privada con las lecciones aprendidas en positivo a raíz de los fondos europeos, que nos han permitido ser la Comunidad Autónoma que mejor está gestionando la rehabilitación en el conjunto del país”.
También el responsable de Fomento ha planteado “una batería de ayudas fiscales, sobre todo el IVA super reducido, para lo que tiene que ver con la adquisición o venta de vivienda para jóvenes y una mayor seguridad jurídica a través de modificaciones en las diversas leyes que afectan a la vivienda”.
Asimismo, Hernando ha propuesto un Plan Nacional de Seguros que supondría “una decisión voluntaria por parte de los particulares para adherirse a un programa que les permitiría tener un seguro nacional que les garantizará el cobro de los alquileres, ayudas y unos importes por desperfectos, así como la garantía para una defensa jurídica en caso de impagos, o en caso de algún otro tipo de problema con los inquilinos; y a cambio se adhirieron voluntariamente, en ningún caso por obligación ni como imposición, a unas tablas de contención los precios del alquiler en diversas zonas”.
Junto a los consejeros de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, y de Fomento, está acompañando también al líder del Ejecutivo autonómico el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro.
