Que la reforma de la lay de la discapacidad venga acompañada, lógicamente, del presupuesto necesario para hacerla realidad. Es la petición que ha realizado hoy la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, Bárbara García, en relación al anuncio del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, de que ya está «listo» el texto de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia.
«Todavía no nos han convocado a un consejo territorial para darnos información sobre ello y estamos a la espera de ver en qué se materializa y en qué se queda finalmente concretada la ley para poder ir acoplándola a todos los recursos y toda la cartera de servicios que tenemos las comunidades autónomas», ha manifestado la consejera.
Ha insistido en la importancia que tiene seguir mejorando en materia de dependencia y discapacidad para que los ciudadanos puedan tener cada vez mayores recursos y ventajas a su alcance, por lo que ha solicitado que no se hagan «brindis al sol» y que todo lo que se apruebe venga, sobre todo, consensuado para que al final la ciudadanía pueda disfrutar de sus derechos».
Algo que, según ha manifestado, implica «una vez más» financiación y que sigan creciendo los presupuestos anuales y los niveles mínimos acordados en materia de dependencia para que, a su vez, se llegue al 50 por ciento de financiación al que se tienen que llegar, «que todavía están lejos de ello».
Por todo ello, desde Castilla-La Mancha se espera que en las negociaciones de los próximos presupuestos se vaya incrementando esa financiación para llegar al 50 por ciento. «Hemos pasado a un 30 por ciento por parte del Gobierno de España en financiación, pero todavía queda un 20 por ciento que, para las comunidades autónomas, nos supone una carga presupuestaria importante en nuestros presupuestos».
Con todo, la consejera de Bienestar Social ha declarado que lo principal es tener garantías para la ciudadanía y que para seguir siendo los «número uno» en materia de dependencia, la región necesita el apoyo y el compromiso de todas las administraciones que se implican en esta ley, «y una de ellas, de forma muy importante, es la del Gobierno de España».Copiar al portapapeles
